Una desastrosa política de exclusión

El debate sobre la reforma a la ley de incentivos al turismo trae de nuevo al tapete el tema de los estímulos fiscales a este sector y se repite uno de los principales mitos creados por las declaraciones de algunos funcionarios en los últimos 20 años, con la repetida expresión según la cual el Gobierno ha sido muy generoso dejando de cobrar miles de millones de pesos en impuestos a los inversionistas turísticos.

Hablan de los impuestos no recibidos, pero no explican que es altísima la probabilidad de que esas inversiones turísticas no se hubieran realizado si el Estado no hubiera renunciado al cobro de esos gravámenes.

No explican que existen docenas de lugares donde los inversionistas pueden llevar sus dineros porque también tienen playas, clima y buenas condiciones para el turismo, porque no están obligados como los ciudadanos dominicanos a pagar los tributos que se le antoje al Gobierno.

Este tipo de incentivos no son un invento dominicano. Existen en todos lados como una de las principales herramientas para atraer recursos, y el Gobierno que quiera inversión extranjera tiene que ofrecer estas ventajas. Cito sólo dos ejemplos de países que hoy compiten con mucho éxito:

Panamá, entre otros ofrece exonerar: 20 años de todo impuestos de importación de materiales, equipos y vehículos; 20 años del impuesto de inmuebles; de todo gravamen sobre el capital; del impuesto sobre la renta por 15 años; del impuesto sobre la renta a los beneficios que se deriven de los préstamosrecibidos y depreciación de los bienes inmuebles al 10% anual (excluye el terreno).

Colombia otorga -entre otros beneficios- la exención al impuesto de renta por 30 años para la construcción y remodelación de hoteles.

Uno de los pilares de la competitividad turística de los países que mide el Foro Económico Mundial es el impacto de las reglas para atraer la inversión extranjera directa en este sector. En el reporte correspondiente al 2013 República Dominicana ocupa la posición 10 en la región con índice de 4.8 sobre 7.

En esto superamos la competitividad general del turismo (3.88); pero tenemos por delante a Panamá (5.8), Uruguay (5.7), Chile (5.5), Perú (5.3), Barbados (5.2), Costa Rica (5.2), México (5.0), Puerto Rico (4.9) y Jamaica (4.9).

Los incentivos al turismo son el programa de desarrollo de mayor impacto positivo creado por el Estado desde la primera ley en 1971, y es “culpable” de la exitosa industria turística que tenemos. No entiendo por qué al plantearse la reforma de la ley vigente, se duda de la conveniencia de que sus beneficios sean para todas las provincias, y quiera mantenerse la política de exclusión que ayudó a hundir a Puerto Plata.

Por Manuel Quiterio Cedeño

 

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