Vocación para enlodarse

La Procuraduría General de la República está más activa en el “Caso Canoa” que el complaciente aparato judicial de Puerto Plata. Ha solicitado al Consejo Municipal de Sosúa suspender de sus funciones al director del Distrito Municipal de Cabarete, Gabriel Antonio Mora (Canoa).

La Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, de julio del 2007, en su artículo 41 establece el derecho de cualquier ciudadano a “dirigirse al Concejo Municipal para denunciar a aquellos de sus miembros que no reúnan las condiciones que la ley exige para ejercer el cargo de síndico/a o regidor/a”.

El artículo 44 de esta ley indica que un funcionario municipal debe ser suspendido cuando se “inicie juicio de fondo en el que se le impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad”; y establece que corresponde al concejo municipal “conocer sobre la suspensión en sus funciones”.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, dirigida por Laura Guerrero Pelletier, presentó formal acusación contra Canoa por los crímenes de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores previstos en el Código Penal, y la Ley 3455 sobre Organización Municipal y el artículo 102 de la Constitución de la República.

En atención a esta acusación y después de cuatro reenvíos por excusas pendejas, la magistrada Carolina Castro del Rosario, jueza suplente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, el pasado 21 de octubre dictó una resolución enviando a Canoa a juicio de fondo acogiendo la acusación del Ministerio Público.

La nota de la Procuraduría en la que informa de la solicitud de suspensión dice: “Los hechos que se le imputan al director de la Junta Distrital van desde: la distracción de fondos públicos a favor de empresas, comercios o negocios de familiares y allegados, en perjuicio del Estado, anular sin justificación recibos de ingresos en perjuicios de la entidad municipal, así como manejar de forma fraudulenta todas las operaciones financieras y contables de la entidad, hasta entablar concierto de voluntades para no realizar los cobros debidos a favor de la citada entidad edilicia”.

La Asociación para el Desarrollo de Cabarete, principal promotora de las denuncias de corrupción en Cabarete, notificó al Consejo Municipal de Sosúa y a la propia Junta de Cabarete, la resolución que envió a Canoa a juicio de fondo y solicitó su suspensión. Es la tercera vez que esta entidad pide esto, que ya fue desestimado por la Junta Distrital y está pendiente en Sosúa. Los regidores deben reflexionar sobre las ofertas que reciben para enlodarse con el “Caso Canoa”, porque esta vez por su negativa pueden ser acusados ante un juez por la Procuraduría.

Por Manuel Quiterio Cedeño

 

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